Desde el Frente Renovador se presentó un proyecto de ley para que el gobierno de María Eugenia Vidal intervenga el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), y conformar una Comisión Bicameral Investigadora y de Seguimiento y Control de Gestión desde la Legislatura provincial.
Luego de conocerse denuncias a la justicia por empleados y profesionales de la obra social que describen un “mecanismo aceitado entre empresas prestadoras de servicios y falta de controles” el diputado Pablo Garate, avanzo en la formulación del proyecto a sabiendas que desde enero se “revisan convenios con prestadores” ya que desde el ejecutivo provincial existió presunción de irregularidades en dicho organismo.
En ese sentido, Garate aseguró que “el gobierno de Daniel Scioli dejó una deuda con el IOMA de 2.600 millones de pesos. De ahí la sospecha de que se habrían cometido serias irregularidades sobre todo en concepto de sobreprecios”.
El proyecto prevé la conformación de una Comisión Bicameral con equipos técnicos interdisciplinarios para “estudio e investigación sobre irregularidades y hechos de corrupción que habrían ocurrido en el IOMA e identificar a los funcionarios, empleados o actores económicos y técnicos que contribuyeron o se beneficiaron con esas acciones irregulares”.
Asimismo, la Bicameral se encargará de hacer un seguimiento y control de gestión pudiendo aconsejar a la Intervención la toma de medidas y acciones con el fin de mejorar y optimizar la gestión de la obra social.
El proyecto de ley ingresado en la Cámara de Diputados dispone que “el Interventor del organismo deberá ser designado por el gobierno provincial y tendrá las facultades y deberes del Presidente y Directorio”. La norma también obliga a contratar una Auditoría Externa de gestión y de corte para saber el estado real en que se encuentra la obra social y realizar los sumarios administrativos disciplinarios pertinentes.
“El objetivo no es sólo investigar las irregularidades, sino también sugerir medidas y acciones para que el IOMA funcione plenamente en beneficio de todos los empleados públicos en actividad y jubilados”, señaló Garate.
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