Algunos pueden pensar que la marcha atrás del Gobierno en cuanto al incremento en forma de shock de las tarifas en el gas tenga que ver con la compresión y la sensibilidad hacia los usuarios, o de la famosa metodología del ensayo y error. Pero no. Todas las señales indican que existía una intencionalidad para que la recomposición tarifaria deba ser inmediata, porque lo importante y lo urgente era el precio del mercado y no las capacidades de consumo de la gente.
Hay un consenso generalizado de que los subsidios habían cumplido una función central en la redistribución de los ingresos; de la misma forma existe un consenso de que es el momento para que los subsidios se re direccionen hacia otros sectores que necesiten inversiones en infraestructura que signifiquen la reducción de costos en la producción (y no siempre sobre el salario).
La imposibilidad de lograr esta estrategia choca de frente con la decisión inmediata de quita y reducción de retenciones al agro y a las mineras, lo que llevó a una desfinanciación del Estado tal que el shock tarifario sobre los consumidores y las Pymes era la forma de hacer viable el funcionamiento de la matriz energética.
Nadie en el gobierno que tenga algún tipo de responsabilidad pudo haber prescindido de este análisis básico, y que por lo tanto haya necesitado de prueba y error para comprender el daño manifiesto sobre el poder adquisitivo la sociedad.
Está más que claro que los aumentos tarifarios debían ser progresivos para que los usuarios fueran adaptando sus pautas de consumo hacia una nueva realidad tarifaria, pero se optó por mandarlos a abrigarse como definición central de una política pública.
Ahora bien, el tope autoimpuesto por el gobierno de 400 y 500 % para usuarios residenciales y Pymes, respectivamente, lejos está de una concesión altruista: no deja de ser un shock que golpea fuertemente al bolsillo del pueblo.
Los idólatras del libre mercado consideran al Estado como un estorbo hacia la libre oferta de bienes y servicios, por eso no es extraño que no se hayan tomado la delicadeza de cumplir con los protocolos establecidos para las modificaciones de tarifas de servicios públicos como son las audiencias públicas, donde organizaciones de consumidores, usuarios, empresas y Estado convergen para determinar el punto de equilibrio.
El intentar saltearse los derechos establecidos por el artículo 43 de la Constitución Nacional los cuales sólo pueden garantizarse por Audiencias públicas, son algunas de las contradicciones de quienes utilizan en sus discursos las palabras “República” e “instituciones”, pero que en nombre de la libertad del mercado las marginan sistemáticamente aduciendo “prueba y error” (recordar los Decretos que designaba en Comisión a dos candidatos para la Corte Suprema de la Nación).
Los gobiernos locales deben estar presentes para evitar que estos atropellos impacten negativamente sobre los vecinos. Así lo hicieron municipios como San Martín, La Matanza, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, advirtiendo que ante el avance del Mercado sobre la ciudadanía, es el Estado el garante de la protección de estos últimos.
Leandro J. Martin
Concejal de San Isidro
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