La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció falta de acceso a la salud de los presos bonaerenses por lo que reclamó que el Ministerio de Salud asuma la responsabilidad de garantizar ese derecho.
Según informó el organismo, luego de inspeccionar en el último mes varios lugares de encierro constató condiciones edilicias ruinosas, alimentación deficiente, falta de personal médico, de insumos y de medicación y serias dificultades para acceder a la atención extramuros. “Esto provoca muertes evitables y son violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, indicaron.
"En cada inspección, encontramos serios problemas de salud de los internos y una carencia casi absoluta de atención médica. La situación es cada vez más grave y hace necesario una reforma urgente y profunda; en este sentido, creemos que pasar la sanidad en el encierro a la órbita del Ministerio de Salud ayudaría a encontrar un trato más adecuado y humanitario", declaró el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, Adolfo Pérez Esquivel, luego de encabezar la última inspección a la UP 1 de Olmos.
La falta o la deficiente atención de la salud constituye para el organismo “una forma de tortura en tanto inflige a las personas detenidas un profundo sufrimiento generado intencionalmente y forma parte de las condiciones inhumanas que se padecen en el encierro”. En este caso la Dirección provincial de salud penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia es la responsable directa de estas graves violaciones a los derechos humanos.
En particular el organismo ha observado con especial preocupación la situación de la UP 22 de Olmos donde, a pesar de ser designada como "unidad-hospital" del Servicio Penitenciario Bonaerense, las condiciones edilicias y de funcionamiento constatadas distan mucho de cumplir con estándares mínimos requeridos para el funcionamiento de un establecimiento de salud. Apenas funciona como una unidad sanitaria de atención básica donde las personas no llegan a ser visibilizadas ni consideradas pacientes. Sólo en la UP 22, hubo nueve muertes en cinco meses.
"Ningún profesional ve más allá del síntoma concreto que tiene a la vista, cuando lo ven. En su actuación profesional expresan escaso compromiso con la vida y con los padecimientos de los otros. Al menos dentro de la cárcel, han perdido toda sensibilidad y son capaces de presenciar actos de tortura sin que esto los conmueva humanamente o los interpele conforme a los juramentos éticos o profesionales que realizaron", señaló Roberto F. Cipriano Garcia, Secretario de la CPM.
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