Empleados de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires y de diversos organismos de control se ofrecieron declarar en la causa en la que está imputado el ex jefe de gabinete bonaerense Alberto Pérez, en el marco de una investigación por presuntas maniobras destinadas a "encubrir gastos", que eran autorizados con su firma y que superarían los 10 millones de pesos.
A través de una nota que enviaron al fiscal Álvaro Garganta, que tramita la causa, piden sumar sus testimonios a la causa con el fin de "aportar todos los elementos que estime necesarios a fin de desvincular" a dos contadoras fiscales de la jefatura de gabinete provincial, Mónica Ripamonti y Alejandra Tavelli, ambas imputadas en el expediente.
Se trata de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en 25 hechos por 10.720.347 pesos en perjuicio de la administración pública provincial, en la que el lunes declaró Alberto Pérez, quien negó su participación en la supuestas maniobras tendientes a "encubrir gastos".
Además, en este expediente está imputado el ex funcionario de la jefatura de gabinete Walter Carbone, cuya mansión del country Abril -en la localidad bonaerense de Berazategui-, fue allanada en un procedimiento que incluyó el secuestro de una escultura que representaba la figura de un dragón alado, en cuyo interior había una caja fuerte.
De todos modos, el foco de los empleados que pretenden declarar en la causa apunta a las dos contadoras fiscales imputadas, quienes fueron citadas a indagatoria pero pidieron una prórroga de 15 días, que fue otorgada por la fiscalía.
Mediante una nota, los contadores fiscales delegados de la contaduría, nucleados en la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), expresaron a Garganta que se ponían a disposición para ser citados.
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